Con la presentación del diputado nacional
Jorge Rivas y las firmas de los legisladores Agustín Rossi, Héctor Recalde, Mara
Brawer, Adriana Puiggrós, Liliana Ríos, Remo Carlotto, Juan Carlos Junio,
Carlos Heller, María del Carmen Bianchi, Silvina García Larraburu, Edgardo
Depetri y Omar Plaini , la Asociación de Revistas Culturales Independientes de
Argentina (AReCIA), que reúne a más de 200 publicaciones de todo el país, se
presentó en el Salón Delia Parodi del Congreso Nacional un proyecto de ley que
declara al sector como “patrimonio cultural argentino” y fomenta la producción
social de información, tras años de invisibilización frente a las empresas
periodísticas dominantes del mercado. “Somos muchos los que queremos que la
comunicación vuelva a ser una herramienta de cambio social mientras nos ganamos
la vida trabajando”, exclaman desde AReCIA.
EJES CENTRALES DE LA LEY DE
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AUTOGESTIVA DE MEDIOS GRÁFICOS.
- La ley aboga por políticas públicas destinadas a fortalecer el sector de la producción de comunicación cultural autogestiva: fomentándolo, protegiéndolo, impulsándolo.
- El concepto de Autogestión define quiénes pueden ser beneficiarios, pero también quiénes no. La comunicación cultural independiente se sostiene sin patrón y con el objetivo de crear vínculos que fortalezcan una producción de la información fundamentalmente social y más democrática.
- Es necesario garantizar nuestros derechos por escrito; establecer un contrato social. Como señala el primer artículo de la ley, es importante “declarar de utilidad colectiva e interés nacional la producción autogestiva de comunicación cultural independiente por medios gráficos”. Allí radica el sujeto, objeto y sentidode lo que proponemos.
- La finalidad del proyecto se centra en el desarrollo integrado, equitativo y eficiente de la estructura productiva. Ese desarrollo debe sostenerse en cuatro patas fundamentales: un tratamientoimpositivo más justo para con el sector, un sustento económicode parte del Estado destinado a redistribuir los recursos destinados a los medios de comunicación, el acceso prioritario a licitaciones y concursos, y el acercamiento de los mecanismos de difusión y circulación estatales a través de sus instituciones (bibliotecas, correo, etc.).
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